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Desde 2014 Hacienda ha logrado descubrir más de millón y medio de viviendas y construcciones ilegales o no declaradas. Desde entonces, Catastro está exigiendo a sus propietarios la regularización de estas viviendas. Normalmente remite una liquidación extraordinaria por los metros o instalaciones no declarados (piscinas, casetas, porches, etc). En algunos casos, se inician actuaciones de carácter penal contra sus propietarios.
Saber en qué situación está nuestra vivienda puede ahorrarnos una cuantiosa sanción de catastro y, en el peor de los casos, una acusación por un delito contra la ordenación del territorio.
Buena parte de las viviendas descubiertas, sobre todo en zonas rurales, se encuentran en situación legal de “fuera de ordenación”. Esto es normal porque se construyeron como casas de aperos sobredimensionadas y constituyen, en la realidad, viviendas habitables.
Nuestra recomendación es actuar cuanto antes.
Posibles situaciones:
- Ilegalidad: su vivienda se encuentra en situación ilegal y puede constituir un delito contra la ordenación del territorio. En este caso, podemos ser acusados por el Ministerio Fiscal, por agentes del SEPRONA o por un particular y se iniciará un procedimiento penal que, dada la situación ilegal de la vivienda, concluirá con una condena que podría llegar a la privación de libertad y, en todo caso, a la apertura de antecedentes penales y a una sanción económica.
- Irregularidad: su vivienda no es ilegal en el sentido anteriormente referido pero determinadas partes de ella no figuran adecuadamente en el Catastro inmobiliario. Podemos recibir una sanción catastral por estos hechos con cuantías económicas muy elevadas. Además, podrían reclamarnos el importe que deberíamos haber pagado realmente hasta cuatro años atrás.
A grandes rasgos, «legalizar mi vivienda implica reconocer que estoy ante una situación ilegal que hay que subsanar lo antes posible.»
En algunas Comunidades Autónomas se han promulgado leyes que favorecen, mediante un expediente administrativo, la regularización de viviendas, evitando las sanciones anteriormente referidas.
SOLUCIÓN:
- Analizar la situación legal de su vivienda para saber si se enfrentaría a una sanción o a un delito urbanístico.
- Iniciar el procedimiento de regularización pertinente lo antes posible.
- Abonar las tasas y/o sanciones administrativas que puedan imponerse.
Recuerde: cualquier sanción siempre será muy inferior si es usted quien inicia el procedimiento de parte. Una vez que la Administración ha iniciado el procedimiento, más del 90% de las veces no tenemos nada que hacer más que aceptar la sanción impuesta o, en el peor de los casos, ser condenados por un delito urbanístico.
Si se encuentra en esta situación, contacte con nosotros y actúe cuanto antes. Exponga su caso y le daremos presupuesto ajustado a su situación.
Artículo de interés: La Vanguardia.
